Perú Insólito

Ricardo Villanueva Meyer Bocanegra

Las dos palabras que nombran este artículo han marcado la polémica en las últimas semanas y han encontrado a los mismos actores como defensores o detractores de ambas, como si se tratasen de lo mismo.

         Sinceramente no me lo explico. El aborto y la anticoncepción son en mi modesto entender, conceptos totalmente opuestos.

         Debo dejar en claro que esta es una discusión que debe ser llevada por argumentos legales y nunca religiosos. El Perú es un estado laico y más allá del respeto que le merezca la Iglesia Católica por la tradición y arraigo que puede tener entre los peruanos, sus preceptos sólo deben ser recomendaciones dirigidas a sus fieles pero nunca a nuestros legisladores.

         Un sistema penal pretende conseguir, mediante la gravedad de la sanción impuesta a cada delito, un grado de protección al bien jurídico según sea estimado o valorado por la sociedad a la que regula.

         La vida es un bien jurídico bastante apreciado en las sociedades occidentales, tanto que se busca hacer retroceder a los países en los supuestos en los cuales se aplica la pena de muerte y no permitirles aplicarlas nuevamente a delitos a los cuales en algún momento se les retiró dicha sanción.

         Entonces, no comprendo por qué la vida del concebido haya de merecer menor protección que la del nacido, por qué si una madre o un padre acaba con la vida de su hijo de un minuto de nacido, merezca la sanción de un homicidio agravado –filicidio- y si lo hace antes de que éste nazca, no haya de merecer sanción.

         En el diario devenir, en las situaciones diarias de la vida de una sociedad, se dan conflictos entre bienes jurídicos. El derecho a la libertad de expresión o de prensa puede colisionar con el derecho a la intimidad de otro, por ejemplo.

         Igualmente, el derecho de la mujer a hacer lo que quiera con su cuerpo colisiona, si está embarazada, con el derecho a la vida del no nacido. ¿Por cuál hemos de optar como sociedad, cuál habría de prevalecer?

         La respuesta me parece obvia, hay que darle mayor protección al de la vida del no nacido, como lo hace el sistema penal en casi cualquier otra situación en la que haya que optar y uno de los bienes jurídicos en colisión, es el de la vida de uno de los involucrados.

         Dicen quienes están a favor del aborto que esto no es así, que la mujer tiene todo el derecho a “interrumpir el embarazo” pues éste ocurre en su cuerpo y que ella es dueña de hacer con él lo que le plazca.

Discrepo de esta afirmación. Nuestro ordenamiento limita los actos de disposición del propio cuerpo, un médico no podría, por ejemplo, aceptar el pedido de amputar un brazo o una pierna si ello no es médicamente necesario, si sólo es un descabellado pedido de un paciente.

Uno es dueño de hacer lo que quiera con su cuerpo, con su libertad, siempre y cuando no cause un daño a otro, caso contrario, hemos de hacernos responsables civil y penalmente del daño que causemos, así sólo estemos ejerciendo el derecho natural de hacer lo que queramos con nuestro cuerpo.

         Así, el chofer de combi que en ejercicio de mover su cuerpo como mejor le plazca, decide que su pie derecho se desplace hacia delante y pise a fondo el acelerador, deberá responder si producto de esa acción, atropella a alguien y lo mata o hiere.

         La libertad individual tiene ese límite, en ejercicio de ella no se puede dañar a otro.

         Dicen los defensores del aborto que pese a la prohibición, muchas mujeres decidirán abortar y que entonces, mejor no neguemos esa realidad, lo despenalicemos y evitemos que esas mujeres mueran por prácticas abortivas insanas.

         Bajo ese argumento, sabemos que existen los asaltantes de bancos, que pese a que existe la prohibición de asaltar bancos, habrán personas que lo seguirán haciendo ¿cuál es la solución? ¿que los policías no usen pistolas para evitar causarles heridas a estas personas que, pese a la prohibición, asaltarán bancos?

         La comparación es exagerada, lo admito pero busco hacer entender que la libertad de cada uno termina allí donde empieza el derecho del otro y que el sistema penal no puede relajarse porque una de las conductas sancionadas en él es de recurrente comisión.

         Ciertamente habrán momentos en que los bienes jurídicos enfrentados sean del mismo nivel, vida de la madre vs vida del no nacido, que continuar con el embarazo genere peligro real para la salud o la vida de la gestante, en casos así, la despenalización es pertinente. Igualmente, si se comprueba que el no nacido no tiene posibilidades reales de nacer o de continuar viviendo luego de hacerlo, que trae consigo una malformación real, digamos, no tiene cerebro.

         El Estado debe promover una política masiva y responsable de información sobre la planificación familiar, sobre la anticoncepción, el mejor remedio para no tener que discutir ni encontrarnos en la difícil situación de ver enfrentados los bienes jurídicos disposición del propio cuerpo de la madre contra la vida del no nacido.

         La anticoncepción es el camino para que las parejas, en ejercicio de su libertad sexual, de su capacidad de decisión, decidan cuánto y cuántos hijos tener.

         Por ello, la Iglesia Católica bien puede desde sus púlpitos aconsejar a sus feligreses la alternativa de la abstinencia pero es irresponsable que condene tan drásticamente el uso de anticonceptivos pues si una pareja de sus feligreses decide “pecar” (bajo esa visión) al menos no acarreará consecuencias más graves que el propio pecado. Es también un tema de salud pública, de evitar contagios de enfermedades de transmisión sexual.

         Es lamentable, absurdo y hasta inconstitucional el reciente fallo del Tribunal Constitucional que le ordena al Ministerio de Salud dejar de distribuir gratuitamente la llamada píldora del día siguiente pues lo que hace en definitiva es discriminar a las mujeres o parejas pobres frente a las que sí pueden adquirir dicho producto en las farmacias.

         Es una sentencia tibia, que carece de sentido lógico. Si el Tribunal Constitucional la considera abortiva, que prohiba su distribución gratuita y su venta pues nuestro sistema penal condena el aborto y si no lo es, entonces que se permita ambas formas de distribución.

         El Estado peruano, pese a esta inesperada traba, debe continuar promoviendo entre la población el uso de anticonceptivos y la distribución del AOE, ya no gratuitamente pues debe obedecer lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, pero sí a un precio muy bajo, para que pueda seguir al alcance de la población de menores recursos.

         Sólo una política responsable de planificación familiar, extendida y entendida por toda la población nos ahorrará el triste debate sobre despenalizar o no el aborto, el tener que decidir que otro ser vivo merezca continuar con su vida o no.