Perú Insólito

Pedro Francke: "Política social para el 2009"

Humberto Campodónico: "Sí se puede aumentar la demanda de los trabajadores".

El  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), presentó el nuevo mapa provincial y distrital de la pobreza en el Perú. Se dice que con dicho mapa se busca identificar las necesidades de cada jurisdicción para a partir de ello rediseñar los programas sociales.  Según el Jefe del INEI, Renán Quispe, "Hasta antes de este mapa, no se conocían los efectos de la pobreza más allá de los departamentos”.

         El mapa ha sido elaborado a partir del Censo de Población y Vivienda del 2007 y la Encuesta Nacional de Hogares 2007.  En este mapa se mide la pobreza a partir del método de necesidades básicas insatisfechas (agua, desagüe y electricidad), agregándole el gasto per cápita, tomándose como línea de pobreza, en el ámbito urbano S/.240 al mes y en el ámbito rural S/.171. De acuerdo a ello se estima, entonces que el 39,3% de peruanos viven en pobreza y 13,7% en extrema pobreza.

        De acuerdo a dicho mapa la situación es como sigue, del total de 1832 distritos que hay en el país 190 distritos (10% del total) están por encima de la línea de pobreza; 459 distritos presentan porcentajes de pobreza entre 25% y 49%; 639 distritos presentan porcentajes de pobreza entre 50 y 74.9%; y 544 distritos (30%) tienen un nivel de pobreza de 75% a más.

        El director ejecutivo de la estrategia Crecer, Iván Hidalgo, anunció que el gobierno replanteará la focalización de todos los programas sociales hacia los 544 distritos del Perú que tienen niveles de pobreza por encima de 75%. De ese total, el 60% (340) está ubicado en cinco regiones: Puno (92 distritos), Huancavelica (84), Ayacucho (63), Cusco (58) y Apurímac (44). "Nos sentaremos con todos los directivos de los programas sociales para rediseñar el trabajo de acuerdo con el nuevo mapa del INEI", anotó. Agregó que el objetivo es contar con un padrón de beneficiarios.

        El informe también nos dice que en Lima Metropolitana hay 1.6 millones de pobres, lo que representa el 15% del total de peruanos en tal condición. La mayor incidencia de ese problema (con tasas de entre 43% y 60%) está en los distritos de Carabayllo, Puente Piedra, Pachacamac y Pucusana. La mitad de los pobres limeños vive en siete de los cuarenta y tres distritos limeños: San Juan de Lurigancho, Ate Vitarte, Comas, Villa María del Triunfo, San Martín de Porres, Villa El Salvador y Ventanilla.

        Y también motivó algunos comentarios sobre la incidencia de la gran minería en la reducción de la pobreza. Según las cifras del INEI, los distritos más pobres de la región Puno son aquellos donde se explota algún mineral. Por ejemplo, en Pichacani-Laraqueri (Puno) el 82.7% de sus pobladores son pobres y 37.8% están en pobreza extrema; mientras que en San Antonio de Esquilache (Puno) la pobreza es de 87.2% y la pobreza extrema 49.9%. Sin embargo, entre ambas localidades y la región Moquegua se ubica la mina Aruntani dedicada a la explotación aurífera. Recordemos que el pasado viernes la onza de oro se cotizó por encima de los US$ 1,000.

        Otro caso se da en el distrito de Ocuviri (Lampa) donde  el 91.6% de la población están en la línea de la pobreza y el 59.4% en extrema pobreza, a pesar que allí la empresa Arasi también explota oro. Asimismo, la minera IRL del Reino Unido está explotando oro en el distrito de Ollachea (Carabaya), en donde se tiene una población total de 4 mil 919 habitantes, de ellos el 87.5% están en la pobreza y el 62.1% en extrema pobreza.

        Ante la proximidad del año escolar el tema del derecho a una educación de calidad, se volvió a poner en la agenda, a partir de un comunicado firmado por diversas personas vinculadas a la tarea educativa y titulado “Una Mejor educación demanda cambios drásticos en el gobierno y la sociedad”. En dicho comunicado se señala que:

1. A pesar de que hace dos años el Presidente García oficializó como política de estado el Proyecto Educativo Nacional (PEN), a la fecha no se ha dado ningún paso para implementarlo.
2. No hay política educativa que permita “enfrentar de manera seria, sostenida e integral los continuos malos resultados que nos indican evaluaciones internacionales y otras de tipo nacional” [siendo] manifiesto “el desorden, la falta de transparencia y la clara improvisación del sector educación en materias tan importantes como la evaluación y la formación continua de docentes, la implementación de la Carrera Pública Magisterial (CPM), la renovación del Diseño Curricular Nacional o en iniciativas como la municipalización de educación y el programa alfabetizador”.
3. No se está cumpliendo con el compromiso de aumentar anualmente el presupuesto del sector.
4. En la relación con los docentes ha habido una “innecesaria política de enfrentamiento con los maestros” que ha desvirtuado la Ley de la  Carrera Pública Magisterial. Además, las pruebas de evaluación docente han sido mal diseñadas.
5. No hay un esfuerzo por acabar con la corrupción en las Direcciones Regionales de Educación (DRE) ni en las Unidades de Gestión Educativa Locales (UGEL)

        Los firmantes, todos ellos personas e instituciones con amplio conocimiento del sector, terminan señalando que se requiere de una reforma integral y radical de nuestra educación, pero que ella no será posible “sin una sociedad civil, padres de familia particularmente, y medios de comunicación dispuestos a demandar transparencia en la toma de decisiones y a asumir la educación como un derecho humano fundamental y bien público más que propiedad de un gobierno, del ministerio o del Estado”.

        Bien  hacen los firmantes del comunicado al subrayar que la educación es un derecho humano. J. Rivero nos recuerda que:

 “La educación constituye un bien público que el Estado, como garante de los derechos que se ha comprometido a respetar y promover, debe asegurar a todos los miembros de una sociedad, velando por el acceso y por su adecuada calidad (…) Este derecho está comprendido en una amplia serie de instrumentos jurídicos internacionales, como paso básico para acceder a otros derechos humanos fundamentales” (p. 141).

        Efectivamente, la Declaración Universal de Derechos Humanos, nos dice en su artículo 26 que “toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental (…) tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales”.

        Recordemos que además de ser un derecho, es importante para:

• Superar la pobreza. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) en diversos estudios señala que el capital educativo mínimo para superar la pobreza demanda cursar por lo menos 12 años de escolaridad.
• Mejorar los niveles de salud de la población. J. Rivero dice que “Es clara, además, la correlación entre la mejor educación de mujeres pobres y la mejor salud preventiva de sus hijos” (p.142).
• Mejorar la productividad de la economía; es así que Figueroa nos recuerda que “Según la literatura económica, el capital humano juega un papel importante en el proceso de crecimiento económico de las sociedades”.

         Sorpresivamente, el gobierno aprobó una norma, la ley 29320, para formalizar, mediante la figura de la expropiación, la situación legal de aproximadamente 252,065 terrenos de propiedad privada invadidos en todo el país hasta el 31 de diciembre del 2004. Las regiones con mayor número de predios en esta situación son Lima Metropolitana y Callo (66,288), Puno (31,273), Cajamarca (24,722), Lambayeque (22,356) y Cusco (17,784).
 
        Como es sabido, tenemos en el país un déficit de  viviendas, que  se ve agravado por la inexistencia de una política nacional de vivienda. Ello deja campo libre para los traficantes de terrenos, quienes se aprovechan de esta situación; por eso varias de las criticas a la ley han apuntado a que con este tipo de ley “tienen clientela segura (…) pues en el futuro no faltará algún congresista que proponga la expropiación de los predios invadidos hasta, digamos, el 2009” (La República  13-2-09)”  

         La ONG Desco nos dice que

“no debiera sorprender, entonces, que se repita hoy un acto que forma parte de una recurrente política de Estado sobre el hábitat popular en todo el Perú (…) para los más pobres y más numerosos no hay Unidades Vecinales, Enaces, Fonavis, Miviviendas, ni Techopropios. Entregar terrenos y convalidar ocupaciones ha sido la otra cara de la política de vivienda”

         Independientemente de los motivos e intereses detrás de la norma, así como de las diversas posiciones manifestadas al respecto (es inconstitucional, resuelve un problema, atenta contra la propiedad privada, busca favorecer a amigos del gobierno y/o a traficantes de tierras, tiene fines de clientelismo electoral, etc.), la medida puso sobre el tapete el problema de la vivienda en el país. Un comunicado de diversas instituciones vinculadas al tema de la Vivienda, como CENCA, Alternativa, Cepromur y otros señala que:

“La Declaración Universal de los Derechos Humanos Art. 25 y el Pacto de Derechos económicos sociales y culturales Art. 11 señalan que la vivienda es un derecho humano. Nuestro país ha suscrito estos tratados, por tanto conforme al Art. 55 de nuestra Constitución Política del Estado, el Derecho a la Vivienda es parte de nuestras normas nacionales, siendo la vivienda un derecho humano al que todos los seres humanos tenemos derecho por el solo hecho de serlo, y una obligación de los Gobiernos respetarlo, protegerlo y hacerlo cumplir.  Es decir, es responsabilidad del Estado promover que los peruanos y peruanas accedamos a una vivienda digna y, en este sentido, promulgar las leyes que se consideren necesarias para concretizar este derecho. 

Uno de los Instrumentos para garantizar este derecho es la criticada Ley de expropiación, que valoramos, pero consideramos insuficiente (…) Por ello, proponemos que los gobiernos locales y provinciales asuman la responsabilidad de desarrollar Programas de Vivienda que impliquen un acceso a suelo urbanizado de manera ordenada y planificada en concordancia con sus planes urbanos y articulados a los programas de financiamiento de viviendas de Techo Propio, para lo cual deben constituirse bancos de tierras municipales en cada provincia y transferir a los municipios los recursos para adquirir y urbanizar terrenos o de lo contrario promover el uso eficiente del suelo urbano en los centros consolidados que presentan terrenos en abandono (…) De esta manera, podremos ordenar el crecimiento de la ciudad, disminuyendo las posibilidades de nuevas invasiones”.

        Este mes, la ONG Grufides señaló que la Municipalidad de Baños del Inca, Cajamarca, no tuvo tiempo ni dinero para contratar a técnicos que evalúen el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa Yanacocha, que constaba de 5,800 páginas.

        El P. Marco Arana, de Grufides, señaló que:

• El gobierno de Alan García,  en el 2007,  disminuyó de 40 a 25 días el plazo que tienen los gobiernos locales para comprobar la credibilidad de los estudios de impacto ambiental que presentan las empresas mineras.
  
  
• La aplicación de la figura del “silencio administrativo” que da luz verde al estudio si no hubo ninguna observación durante los 25 días establecidos, impide que la opinión de las poblaciones afectadas pueda tomarse en cuenta.
  
  
• Los estudios de impacto ambiental siguen bajo la jurisdicción del Ministerio de Energía y Minas, considerado juez y parte en el mismo, cuando deberían estar en manos del Ministerio del Ambiente.
  
  
• En el año 2007 el gobierno central quitó a las municipalidades el derecho de declarar zonas municipales protegidas.

        Todo ello impide a las poblaciones donde se desarrollan actividades extractivas de recursos naturales una adecuada protección de su medio ambiente, contraviniendo diversos tratados internacionales firmados por el Perú, entre ellos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre extracción de recursos naturales en tierras indígenas.

        Recordemos que F. Eguiguren ha señalado que en su Art. 15 dicho convenio “Indica expresamente que tratándose de recursos minerales o del subsuelo ubicados en sus tierras, aún cuando su propiedad pertenezca al Estado, los gobiernos estarán obligados a consultar a estos pueblos para que determinen si pueden verse afectados sus intereses, antes de autorizar cualquier proyecto de prospección o explotación de dichos recursos”.

        Esta situación de desprotección de la población frente a las empresas extractoras de recursos naturales se ha visto agravada por los Decretos Legislativos aprobados por el Poder Ejecutivo para adecuar nuestra legislación al Tratado de Libre Comercio con los EE.UU. que entró en vigencia el 1 de febrero.

         A. Barandiarán, analizando dicha legislación, señala el:

“importante número de decretos legislativos que buscan facilitar el acceso y uso de recursos naturales (tierra, agua, bosques, entre otros) sin considerar, e inclusive pudiendo vulnerar, estándares ambientales y sociales" (…) Salvo en el tema del sector forestal, en el Capítulo Ambiental del TLC con EE.UU. no se prevén instrumentos vinculantes para la mejora en la gestión ambiental en el Perú.
(p.73-74).

        Entre el 1 de enero y el 17 de febrero, se han producido 107 muertos y más de 120 heridos fruto de una racha de accidentes en nuestras carreteras, ocurridos en todo el país: Cajamarca, La Libertad, Ancash, Ica, Ayacucho, Arequipa, etc.

       La frecuencia es tal que casi todos nos hemos acostumbrado a este espectáculo cotidiano de choques, muertes y accidentados, tanto en las carreteras interprovinciales como en las ciudades. A setiembre del 2008, según la Policía Nacional, la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en nuestro país era de 25 fallecidos por cada 10 mil vehículos, mientras que en Chile era de 6 fallecidos.

        Nos parece que urge tomar medidas para modificar esta situación, pues ella atenta contra un derecho fundamental, el derecho a la vida, a la salud y a la integridad física, reconocidos en los Arts. 3 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

        En el caso de Lima, la Defensoría del Pueblo ha publicado un interesante Informe titulado El Transporte Urbano en Lima Metropolitana. Un desafío en defensa de la vida. Allí se sostiene que

“El transporte urbano en la ciudad de Lima es una actividad que se desarrolla en condiciones muy riesgosas y precarias para sus ciudadanos y constituye una fuente significativa de polución ambiental. Esta situación pone en grave riesgo los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, la salud, a recibir un servicio de calidad y a contar con un ambiente adecuado” (p. 175).

        Una cierta actitud fatalista vincula los accidentes con hechos que está más allá de nuestras posibilidades prevenir, o con ideas muy interiorizadas en el imaginario nacional, como que cuando a uno le toca, le toca y no hay nada que hacer.  Pero la verdad es que como ya han señalado diversas personas (W. Ardito, J.L. Pérez Albela, Raúl Luna, etc.) e instituciones como la Defensoría, estos “accidentes” tienen causas totalmente previsibles:

• La ausencia de un estado capaz de normar, ordenar y fiscalizar el transporte público, cumpliendo así con su deber de garantizar la seguridad vial. 

        La Defensoría señala que

“Conducir vehículos de transporte público es una tarea de alta responsabilidad, de la cual depende la vida e integridad de miles de personas, lo que exige al Estado garantizar que los conductores hayan obtenido un nivel suficiente de capacitación y profesionalismo” (p.182).

        Y A. Adrianzén nos dice que:

“La valentía del Estado acaba donde comienzan los intereses privados de los empresarios. El número de muertos en las carreteras, por la negligencia del Estado y la irresponsabilidad criminal de las empresas, es el costo social de no regular el mercado del transporte porque es privado”

• Las condiciones de trabajo de los chóferes, quienes tienen que cumplir largas jornadas sin descanso. Para el caso de Lima nos dice la Defensoría que “en su afán de no ver reducidos sus ingresos, ante el aumento de sus costos operativos, los transportistas extienden las jornadas de trabajo hasta 10 ó 12 horas diarias, lo que los expone a la fatiga y al estrés, duplicándose el riesgo de accidentes de tránsito” (p.181).
  
  
• La falta de educación vial del conjunto de la población, que lleva a que tanto chóferes como peatones no respeten las más elementales normas de tránsito. El informe anteriormente citado dice que “Según cifras de la Policía Nacional del Perú (PNP), el factor humano constituye la causa principal de los accidentes fatales en Lima, lo que refleja la falta de conciencia vial de la población” (p. 175).
  
  
• La antigüedad de nuestro parque automotor y su escaso mantenimiento. La Defensoría nos dice al respecto que un decreto legislativo (n. 651), dado durante el gobierno de Fujimori (25 de julio de 1991), “dispuso el libre acceso temporal a las rutas de transporte urbano e interurbano, implementándose un nuevo enfoque de gestión caracterizado por: mínima regulación, libre competencia en el mercado e importación de vehículos usados”.  

        Ello ha ocasionado que  “la oferta de servicio de transporte ha superado a la demanda” lo “que provoca una feroz competencia por el pasajero en las calles” y también que el transportista no pueda recuperar sus costos operativos. La Defensoría nos dice que:

“El aumento de los costos del transportista disminuye sus posibilidades de realizar el mantenimiento periódico de su vehículo o la renovación al término de su vida útil, condición que explica en parte el deterioro del parque automotor y su antigüedad promedio (p. 177-179).

A estas razones habría que agregar el consumo de alcohol y otro tipo de drogas estimulantes así como la falta de mantenimiento de las carreteras, sobre todo en la sierra y la selva. Todas estas causas no son naturales, ni responden al destino, sino a la forma como hemos organizado nuestra convivencia en la cual hemos olvidado el valor supremo de la vida. Por ello, nos parecen importantes iniciativas como la de la Asociación de Accidentados de Tránsito y Usuarios del Transporte que plantea “promover un pacto social para la disminución de los accidentes de tránsito. En este pacto debemos estar convocados el Estado, las empresas de transporte, las empresas aseguradoras, las asociaciones de accidentados y usuarios del transporte”

Los más pobres

Los menos pobres

AMPLIAR Y REFORZAR LA PROTECCIÓN SOCIAL Y LA LUCHA CONTRA LA POBREZA FRENTE A LA CRISIS INTERNACIONAL

PROPUESTAS DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA MCLCP

Resumen Ejecutivo

En su sesión del 5 de febrero de 2009, el Comité Ejecutivo Nacional de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza - MCLCP aprobó un conjunto de propuestas para ampliar y fortalecer la protección social y la lucha contra la pobreza frente a la crisis internacional y sus impactos en la población más vulnerable del país.

Estas propuestas han sido elaboradas en el marco de las funciones contempladas en los decretos supremos que regulan la actuación de la MCLCP, según los cuales corresponde a la Mesa de Concertación “promover un diálogo nacional para alcanzar la articulación coherente de los esfuerzos del Estado, la sociedad civil y el sector privado destinados a la lucha contra la pobreza”.

Para la MCLCP el periodo 2009 – 2010 debe ser un tiempo de movilización y concertación nacional para ampliar y reforzar la protección social y la lucha contra la pobreza en el Perú. La crisis internacional pondrá a prueba no sólo la estructura de la economía y las reservas monetarias del país sino también, y principalmente, la reserva de la solidaridad con las peruanas y peruanos en situación de vulnerabilidad.

La evaluación sobre la crisis y sus impactos

Las propuestas de la MCLCP han sido formuladas a partir de una evaluación de la crisis internacional y sus impactos en el país. Esta evaluación llama la atención sobre el hecho de que, en los periodos de crisis, se produce un incremento de la población en situación de pobreza y que, por tanto, se requiere una identificación de los grupos con mas alta vulnerabilidad de modo tal de, mediante acciones y medidas específicas, fortalecer sus capacidades de recuperación.

Desde esta perspectiva, en un contexto en el que se prevé una significativa caída de los ingresos públicos, es especialmente relevante el debate  sobre qué tipo de gasto recortar y a quiénes recortar, dado que las decisiones que se adoptarán en los próximos meses pueden implicar la expansión de la crisis a los más pobres, cuya dependencia respecto a los bienes y servicios públicos es alta, sobre todo a aquellos segmentos de la población en pobreza extrema.

La protección social como eje de la política en el contexto de la crisis

La protección social  es una función central e inherente, aunque no exclusiva, del Estado. Esta consideración, válida en tiempos normales, es doblemente válida en tiempos de crisis. Por ello la protección social es uno de los tres objetivos de los instrumentos de política que el Gobierno Nacional ha diseñado para enfrentar la crisis internacional. Los otros dos son: de un lado, mantener el crecimiento y el empleo y, de otro, aumentar la infraestructura;
No obstante ello, en el caso de la protección social no son claras o aparecen muy débilmente las acciones, medidas  y los recursos que servirían para implementar este propósito. En razón de ello, las propuestas de la MCLCP buscan contribuir con el cumplimiento de este objetivo de la política pública.

Las objetivos para la acción del Estado y la sociedad frente a la crisis

Con base en estas consideraciones,  las propuestas de la MCLCP plantean, en primer lugar, los siguientes objetivos para la acción del Estado y de la sociedad  frente a la crisis:

1. Ampliar y reforzar la protección social y la lucha contra la pobreza, garantizando los recursos necesarios para los servicios universales vinculados a salud, nutrición, educación, agua y saneamiento básico y acceso a la identidad; así como los programas sociales focalizados vinculados a las acciones de lucha contra la pobreza.

1. Afirmar y profundizar el proceso de gestión por resultados en la planificación del desarrollo y en el presupuesto público, mejorando la aplicación de los programas presupuestales estratégicos y resolviendo los problemas que afectan la adecuada provisión de los bienes y servicios públicos que se requieren para atender eficazmente a los grupos vulnerables en las zonas rurales y urbanas, en especial los referidos a disponibilidad adecuada y oportuna de recursos.

• Impulsar acciones y políticas de generación y protección del empleo digno sostenible, en el sector público como en el privado, de modo de enfrentar y reducir el desempleo, el subempleo y el empleo precario.

• Fortalecer la coordinación y articulación intersectorial e intergubernamental en la gestión de las acciones y medidas para la protección social y la lucha contra la pobreza, apoyando el fortalecimiento del Consejo de Coordinación Intergubernamental y de las instancias de gestión del plan anticrisis, el plan de estímulo a la economía y la lucha contra la pobreza.

• Afirmar y consolidar los espacios y mecanismos de lucha contra la corrupción en el Estado, así como los procedimientos destinados a dar transparencia y acceso a la información, fortaleciendo la participación y el control ciudadano de las diferentes etapas de la gestión público

Orientaciones para el trabajo de la MCLCP a nivel nacional, regional y local

En segundo término, las propuestas de la MCLCP plantean orientaciones para el trabajo de este sistema nacional y descentralizado de diálogo y concertación:

• Priorizar la protección social y la lucha contra la pobreza en la estrategia nacional para enfrentar la crisis, lo cual implica una convocatoria amplia para el diálogo y la concertación entre actores públicos y privados, así como con actores políticos relevantes para el enfrentamiento de la crisis a nivel nacional, regional y locaL

• Estimular y alentar la acción de los gobiernos regionales y locales para evaluar los impactos de la crisis en sus territorios, así como para definir acciones y medidas eficaces que permitan desarrollar estrategias regionales y locales de gestión de la lucha contra la pobreza en un contexto de crisis; con participación de la sociedad civil (trabajadores, empresarios, organizaciones sociales, academia, organismos de cooperación y otros).

• Desarrollar el seguimiento concertado y promover la vigilancia ciudadana, así como la rendición de cuentas en el Estado acerca de las acciones y medidas que se diseñen e implementen para enfrentar la crisis a nivel nacional, regional y local.

Algunas acciones inmediatas a nivel nacional y regional

En tercer lugar, las propuestas de la MCLCP plantean algunas acciones inmediatas a nivel nacional para la protección de grupos que resultarán afectados por la crisis, entre ellas:

• Fortalecimiento de las capacidades de las instituciones a cargo de los Programas Presupuestales Estratégicos - PPE de protección de la infancia: Programa Articulado Nutricional, Programa Salud Materno y Neonatal, Programa Logros de Aprendizaje y Programa Acceso a la Identidad.

• Impulso y mejora de los PPE de infraestructura económica en zonas rurales (Programa Acceso a Servicios Sociales Básicos y Oportunidades de Mercado, Programa de Electrificación Rural, Programa de Saneamiento Rural y Programa de Telecomunicaciones Rural), así como el seguimiento a las medidas de mantenimiento de la infraestructura en colegios, centros de salud y pequeñas obras de irrigación.

• Apoyo a la propuesta de aplicación de la experiencia  de Sierra Productiva en las zonas rurales y al diseño del PPE “Productividad Rural y Sanidad Agraria”.

• Desarrollo de programas específicos y/o reforzamiento de programas existentes que permitan atención a grupos poblacionales que puedan ser más severamente afectados por la crisis: especialmente, niñas y niños en la calle; niñas y niños en situación de trabajo forzoso; niñas y niños en situación de maltrato o violencia familiar; personas adultas mayores en zonas rurales.

Entre las acciones inmediatas a nivel regional, se cuenta:

1. Revisión del conjunto del gasto regional y articulación de los instrumentos de gestión del desarrollo (PDC, PPR y PP) en función de enfrentar la crisis protegiendo a los más pobres.

• Revisión de los criterios de priorización de proyectos de inversión, con miras a dar prioridad a proyectos con mayor incidencia positiva en empleo, de más rápida maduración, en zonas con mayor población en pobreza y más vinculados a la estrategia de desarrollo. En ese marco buscar la vinculación del Presupuesto Participativo con el FONIPREL.

Lima, febrero de 2009

MENSAJE DEL CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO
ANTE LA CRISIS ECONÓMICA

1. La presidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), reunida en Bogotá los días 5 y 6 de febrero con los obispos directivos de los departamentos y centros, y en el espíritu de la Misión Continental, manifiesta su preocupación y solidaridad ante la grave crisis actual. Al mismo tiempo, llama la atención sobre la responsabilidad que tenemos todos: gobernantes, políticos, empresarios, obreros, asociaciones civiles y comunidades religiosas de los diversos credos, en promover la humanización de las estructuras políticas, económicas y de desarrollo, para que estén al servicio del bien común, de la prioridad del trabajo sobre el capital y de la producción sobre las finanzas. Queremos recorrer juntos este camino de amenazas y oportunidades, apostando a los valores de la democracia, la participación y el diálogo.

2. "Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque lo añadido hará encoger el vestido y el daño se hará mayor" (Mt 9, 16), palabras del Evangelio que recordó Benedicto XVI en su bendición de Año Nuevo. La referencia hace clara alusión a las medidas que hay que tomar ante la actual crisis económica global. Para el pontífice, esta crisis pone a prueba el futuro de la globalización. En realidad, la crisis actual no es el resultado de dificultades financieras inmediatas, sino que es una consecuencia del estado de salud ecológica del planeta y, sobre todo, de la crisis cultural y moral que vivimos, cuyos síntomas son evidentes desde hace tiempo en todo el mundo. (cf. Benedicto XVI, Homilía del 1 enero de 2009).

3. A la luz de la llamada del Papa, esta situación alarmante nos interpela doblemente: de una parte, nos compromete a expresar nuestra solidaridad en acciones y obras concretas, que facilite la búsqueda de soluciones a los problemas del desempleo, el hambre, la migración forzosa, el deterioro de la salud y la pérdida de calidad de vida de los pobres, que como siempre son las víctimas más afectadas de las crisis; por otra parte, nos estimula a empeñar los mejores esfuerzos de las universidades e institutos católicos, y de investigadores y agentes de pastoral social, para contribuir a la formulación de un nuevo modelo de desarrollo para América Latina y El Caribe, y de un sistema económico mundial mejor regulado, que elimine la pobreza y promueva la justicia y la solidaridad en nuestro Continente, tristemente el más inequitativo del planeta.

4. Los obispos de América Latina y El Caribe, reunidos en Aparecida, advirtieron que la globalización comporta el riesgo del fortalecimiento de los grandes monopolios y de convertir el lucro en valor supremo (cf. Documento de Aparecida, n. 60). De ahí la urgente necesidad de que la globalización deba regirse por la ética, poniendo todo al servicio de la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios (Ibíd.). La actual crisis financiera ha puesto de manifiesto el afán excesivo de lucro por encima de la valoración del trabajo y del empleo, convirtiéndolo en un fin en sí mismo.

5. Esta inversión de valores pervierte las relaciones humanas sustituyéndolas por las transacciones financieras, que debieran estar al servicio de la producción y de la satisfacción de las necesidades humanas. Se ha hecho evidente que la globalización tal y como está configurada actualmente, no ha sido capaz de interpretar y reaccionar en función de valores objetivos, que se encuentran más allá del mercado y que constituyen lo más importante de la vida humana: la verdad, la justicia, el amor, y muy especialmente, la dignidad y los derechos de todos, aún de aquellos que viven al margen del propio mercado (cf. DA, n. 61). La economía internacional ha concentrado el poder y la riqueza en pocas manos, excluyendo a los desfavorecidos e incrementando la desigualdad (cf. DA, n. 62).

6. Esto lleva a considerar seriamente la necesidad de establecer las bases para un nuevo orden internacional, fundado en nuevas reglas de juego, que también tengan en cuenta los valores del Evangelio y la enseñanza social de la Iglesia, a fin de promover una globalización marcada por la solidaridad y la racionalidad, que haga de este Continente no solo el Continente de la esperanza, sino también del amor (cf. DA, n. 64). Para lograr este propósito, se hace indispensable la presencia y colaboración de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, sin discriminación religiosa, cultural, política e ideológica.

7. Frente al anhelo de construir la paz, una vida más digna y plena para todos y abrir caminos de esperanza a los pobres y excluidos, queremos concluir, haciendo nuestras las preguntas de Benedicto XVI: "¿Cómo no pensar en tantas personas y familias afectadas por las dificultades y las incertidumbres que la actual crisis financiera y económica ha provocado a escala mundial? ¿Cómo no evocar la crisis alimentaria y el calentamiento climático, que dificultan todavía más el acceso a los alimentos y al agua a los habitantes de las regiones más pobres del planeta?" (Discurso a los Miembros del Cuerpo Diplomático, 8 de enero de 2009). Estos cuestionamientos hacen resonar hoy día con mayor vehemencia la dramática pregunta de Dios a Caín que nos afecta a todos, nos interpela y no nos puede dejar indiferentes: "¿dónde está tu hermano?" (Gen. 4, 9).

• Raymundo Damasceno Assis
  Arzobispo de Aparecida, Brasil
  Presidente del CELAM
• Baltazar Enrique Porras Cardozo
  Arzobispo de Mérida, Venezuela
  Primer Vicepresidente del CELAM
• Andrés Stanovnik, OFM.Cap.
  Arzobispo de Corrientes, Argentina
  Segundo Vicepresidente del CELAM
• Víctor Sánchez Espinosa
  Arzobispo electo de Puebla-México
  Secretario General del CELAM
• Emilio Aranguren Echeverría
  Obispo de Holguín, Cuba
  Presidente del Comité Económico del CELAM

Pedro Francke: "Política social para el 2009"

"Llegó la crisis internacional. No, no estábamos blindados. Miles de familias pobres ya están afectadas. A las alzas de precios de los alimentos del año pasado les han seguido otros golpes. Los alpaqueros, por ejemplo, campesinos muy pobres, antes les pagaban 12 soles por kilo de lana y ahora les pagan 3 o 2 soles. Los cafetaleros, bananeros y mangueros reciben menores precios por sus productos. En Ica, las empresas agroindustriales ya despidieron más de mil trabajadores. También ha habido miles de despidos en la minería y la industria textil.

¿Qué se puede hacer ante esta dura situación social, además de un programa que efectivamente mantenga el crecimiento económico y la creación de empleos?
Dos tipos de programas sociales parecen particularmente adecuados a esta situación de crisis. En aquellas zonas en las que se están perdiendo empleos masivamente, los programas orientados a construir y mejorar caminos rurales, infraestructura de riego, colegios y centros de salud pueden generar cientos o miles de empleos temporales. De esta manera, se combina la necesidad de las familias de tener un sostén económico con la mejora de la infraestructura pública.

Por otro lado, para campesinos y ganaderos, un empleo temporal no es la mejor solución: ellos tienen que seguir cuidando sus cultivos y sus animales. En estos casos, programas de transferencias en dinero, como Juntos, pueden ser más efectivos. En los distritos rurales golpeados por la crisis donde no hay Juntos, debería establecerse con prontitud. Donde ya existe Juntos y hay ganaderos afectados, el programa podría ampliarse temporalmente para las familias sin hijos. De esta manera, se evita que estas familias pobres se vean obligadas a vender a precio de remate los animales que con tanto esfuerzo han juntado, o que los niños sean sacados del colegio para trabajar.

Además, la salud y la seguridad social para los ancianos, que son políticas sociales que debieran estar siempre funcionando, ahora se vuelven más necesarias. Las familias que ya en tiempos normales requieren hacer un gran esfuerzo para comprar sus medicinas están mucho más en riesgo cuando hay desempleo. Si hay un año en el cual la seguridad social, en salud y pensiones, debería reforzarse, es precisamente este, el 2009. Hacer realidad un aseguramiento universal en salud que brinde buena atención de manera gratuita y dar pensiones a los ancianos pobres con dinero del Estado son dos buenas alternativas.

Hay que recordar, por cierto, que más gasto social es una medida reactivadora: aumenta el consumo de las familias pobres, que se gastará en bienes nacionales, compensando así los efectos de la crisis sobre la demanda.
La política social del gobierno aprista en sus primeros dos años y medio ha sido decepcionante. En medio de una situación de crecimiento económico y de más dinero en los bolsillos del gobierno, muy poco es lo que se ha hecho. Este año, García y Carranza están aplicando un plan anticrisis que concentra los recursos en las grandes empresas y los ministerios bajo conducción aprista, como Vivienda y Transportes. Quién sabe si tenga éxito.

Hay que darle prioridad a defender el empleo y los salarios, y aumentar el gasto social. Esta sería una política más efectiva en cuanto a evitar una recesión económica y en dar apoyo a los pobres golpeados por la crisis".

Publicado 24/02/2009 La República

Humberto Campodónico: "Sí se puede aumentar la demanda de los trabajadores".

"Las medidas del Plan de Estímulo no contemplan aumentar el poder adquisitivo de trabajadores y empleados, si bien se conoce su fuerte impacto reactivador. Cuando los salarios son bajos -como en el Perú- el trabajador no ahorra su aumento, sino que lo gasta, lo que incide en mayores ventas, sobre todo en aquellas industrias que producen bienes de consumo masivo.

Una de las primeras medidas podría ser el aumento de sueldos y salarios de los empleados públicos. En el 2009 se han presupuestado S/. 19,600 millones en el rubro Personal y Obligaciones. Si se otorga un aumento del 10%, el costo sería de S/. 2,000 millones repartidos a lo largo del 2009. Es poco frente a los S/. 10,500 millones (o quizá más) que se anuncian en infraestructura social y productiva. Y existen formas de financiarla, como veremos más adelante.

Además se podría haber aprovechado la oportunidad para avanzar en la homologación de los sueldos de los trabajadores estatales, a la vez que se asentaba la ley de la carrera pública. Nada de eso se hace porque la actual preocupación del presidente y del gobierno es exhibir una cifra al final del año: que el PBI ha crecido de 6 a 6.5%.

También se podría aumentar el salario mínimo, ya que el último aumento fue en enero del 2008 y, desde esa fecha, la inflación de 7.2% ha recortado el poder adquisitivo de los salarios. No sólo eso. En el Consejo Nacional del Trabajo se acordó elevar el salario mínimo en 5% (27 soles mensuales), apelando a la 'cláusula gatillo', teniendo en cuenta que en el 2008 hubo un incremento sustancial de la inflación.

Pero el primero en oponerse fue el ministro de Trabajo, Jorge Villasante, con el argumento de que 'la crisis no lo permite' (La República, 'Gobierno traba el alza de salario mínimo', 12/02/09). Increíble pero cierto. El ministro está en contra de los trabajadores y protege las ganancias de los empresarios. Lo que nos dice que el CNT debe contar con un nivel de autonomía bastante mayor al actual.

De otro lado, la gran mayoría de despedidos no goza de seguro de desempleo que en el Perú se otorga (mal que bien) a través de la CTS. Así, si se despide a un trabajador con 10 años de servicio y que ganaba S/. 1,000/mes, tendría S/. 10,000 para sobrevivir unos meses mientras busca un nuevo trabajo. En verdad sólo la mitad porque el 50% de la CTS es de 'libre disponibilidad' y la mayoría ya lo usó.

Pero los que están en contrata y en la ley mypes -la enorme mayoría- no tienen CTS y quedan en la calle. El gobierno podría darles 6 meses de salario mínimo como seguro mínimo de desempleo, lo que también tendría un importante componente reactivador. Pero esa idea ni siquiera se les ocurre.

También podría ponerse en marcha una pensión mínima para los mayores de 65 años, como lo establece el Banco Mundial, y fue también discutido, y luego desechado, en el MEF. Esto ya existe en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Costa Rica. Se podría comenzar con una pensión focalizada de medio salario mínimo en los departamentos rurales más pobres de la sierra sur y su costo inicial no sería superior a los S/. 500 millones anuales. Esta pensión tiene un fuerte carácter incluyente, dignifica al anciano y, también, permite reactivar la demanda.

Las fuentes de financiamiento existen, como lo prueba el anuncio del gobierno de S/. 10,500 millones para el Plan de Estímulo. Ese monto puede aumentar si se elimina la rebaja unilateral de aranceles de Carranza en su gestión anterior, lo que ha generado pérdidas de S/. 3,000 millones anuales. Más temprano que tarde esto se va a dar para reducir el déficit de la balanza comercial y mejorar los ingresos tributarios.

La cuestión es la de siempre: las opciones de política que se adoptan. Para el gobierno se trata de privilegiar todo lo que sea inversión, lo que implica minimizar los ingresos de los sectores más pobres. Eso es lo que hay que cambiar".

Publicado 25/02/2009 La República

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