Perú Insólito

Desigualdades y confianza social. Joan Prats

En este nuevo año también renovamos este boletín virtual. El año pasado abordamos diversos aspectos de la problemática de la exclusión: la pobreza, en primer lugar, la discriminación, el empleo o más bien dicho la falta y precariedad de éste, la desigualdad; y también analizamos la propuesta sobre cohesión social planteada por la CEPAL.

Cumplida esa tarea, este año nos proponemos poner el acento en el seguimiento y análisis de los acontecimientos, acciones y decisiones políticas en torno a esos temas, que son fundamentales para que muchos sectores de la población de nuestro país puedan salir de la exclusión y ser reconocidos como personas y como ciudadanos.

También queremos que el boletín llegue a ustedes cada mes, por lo que nos proponemos darle un carácter más ágil y breve. Esperamos que les sea útil.

         Desde nuestra última entrega diversos temas relacionados con la vigencia de nuestros derechos ocuparon las primeras planas. En ellos se evidencian avances en el reconocimiento de los mismos, como también retrocesos importantes. Veamos

         Cálculos de Raúl Mauro, investigador de la ONG Desco, indican que, a pesar del alto crecimiento registrado por la economía peruana, la desigualdad creció en 17 de las 24 regiones del país entre el 2004 y el 2007, como lo muestra el cuadro que a continuación presentamos.

         Recordemos que la inequidad o desigualdad suele acompañar a la pobreza. Se mide con el índice de Gini, fórmula matemática, internacionalmente aceptada, que sirve para medir la distribución del ingreso nacional entre los ciudadanos de un país. Según el índice de Gini la cifra “cero” constituye una perfecta distribución del ingreso e igualdad social, toda cifra que se aleja del cero hacia la cifra 1.0 constituye una indicación de una peor distribución del ingreso nacional y consecuentemente de un mayor grado de desigualdad social.

         Continuaron incrementándose los gobiernos locales y regionales que toman medidas para disminuir la discriminación existente en el país. Es así que el Gobierno Regional de Junín incluyó como idiomas oficiales de la región al quechua, el asháninka, el kakinte y el yánesha, junto con el castellano.

         Y las Municipalidades de Andahuaylas, Catacaos y Socabaya aprobaron ordenanzas contra la discriminación, siendo a la fecha cerca de 31 municipalidades del país las que han asumido este tipo de compromisos.

         Igualmente, crecientemente una serie de empresas están eliminando de sus requisitos de empleo la obligación de mandar una fotografía, pues eso se prestaba también a comportamientos discriminatorios.

         La crisis financiera mundial comenzó a hacer sentir su impacto sobre el empleo en nuestro país. A la fecha se han presentado despidos en el sector minero (cerca de 6,000) y también en el de textiles y confecciones. En este último caso hay una fuerte discrepancia entre las empresas y el gobierno en cuanto a la cantidad de trabajadores afectados. Los empresarios hablan de aproximadamente 60,000, mientras que el gobierno señala que no llegan a 6,000 los despedidos. Otro sector afectado a sido construcción. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) entre octubre y diciembre del 2008 se perdieron 27 mil puestos de trabajo en dicho sector. Y según el Ministerio de Trabajo en el interior del país se han producido caídas significativas del empleo en Cajamarca, Chimbote, Ica, Paita, Pisco, Sullana, Talara, Trujillo y Pasco.

         Por otro lado, tomando como excusa la crisis, un sector de empresarios agrupados en la Cámara de Comercio de Lima (CCL) propuso reducir el sueldo de los trabajadores (y la jornada laboral), sin tener en cuenta que ya las remuneraciones en el país están muy por debajo del promedio latinoamericano. La propuesta empresarial fue apoyada por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Jorge Villasante. Sin embargo el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, señaló que “No es justo ni lógico hacer esto (...) No se pueden reducir los sueldos de los trabajadores”. Afirmó además que ya los sueldos están retrasados.

         Al respecto, el economista P. Francke, señaló que “Defender el empleo y los salarios es una política de justicia social, debido que en los últimos años las utilidades empresariales subieron fuertemente sin que mejorara la situación de los trabajadores. Pero es también una medida anti-crisis, ya que si el empleo y los salarios caen, eso reducirá aún más el mercado interno, y con ello las ventas empresariales, de microempresas y de agricultores”

         El gobierno lanzó un programa de lucha contra la pobreza para los pobladores de los 13 distritos más pobres de Lima y Callao. El programa “Módulo Perú Crecer”, comenzó en el asentamiento humano Valle del Mantaro, en Ate Vitarte. Dicho módulo replica el programa “Crecer” que se lleva a cabo en el interior del país. Este programa unifica los programas sociales de los ministerios de Salud, Mujer, Vivienda y Trabajo.

         Según lo que explicó el Premier Yehude Simon: “Todo el Estado visitará estas zonas de pobreza y extrema pobreza para resolver los problemas de agua, salud, electrificación y educación siguiendo un modelo de intervención de ventanilla única”

La meta del programa es atender a un millón 700 mil personas.

Adriánzen, A.  “Paramilitares S.A.” en La República,17 de enero del 2009

Ardito, W. Reflexiones Peruanas

Bajo la Lupa n. 7 (abril 2008)

BID Desafíos para alcanzar la Paz.  Hacia un desarrollo social sostenible en el Perú (Informe de la Misión Piloto del Programa Reforma Social del BID) p.89

Desco, Resumen Semanal

Francke, P. “Propuesta de Programa anticrisis” La República18 de enero del 2009

Mauro, R. “Desigualdad Departamental 2004-2007” en http://politekon-peru.blogspot.com/2009/01/desigualdad-departamental-2004-2007.html

Desigualdades y confianza social
Joan Prats *

(a) A nivel individual, la gente que cree que la mayoría de sus conciudadanos es confiable tiende a tener una visión más positiva de sus instituciones democráticas, a participar más en política, a comprometerse más en las organizaciones cívicas, a ser más caritativa, más tolerante hacia las minorías y la diversidad, más optimista sobre sus posibilidades de influir en la propia vida y, finalmente, a ser más feliz.

(b) A nivel social, las ciudades, regiones y países con niveles más altos de confianza social tienden a tener mejores instituciones democráticas, mayor crecimiento en su economía y menos criminalidad y corrupción.

         En suma, la confianza generalizada resulta ser un importante activo para el bienestar o desarrollo de cualquier sociedad. Como tal ha sido conceptualizada como un componente central del llamado capital social, cuando no confundida con éste, al atribuírsele los resultados normativamente positivos que correlacionan en realidad con la confianza social generalizada.

         1.- Malinterpretando el capital social.-

La literatura sobre el capital social ha sido ampliamente utilizada para enviar el mensaje de que los males de la sociedad proceden del insuficiente voluntariado, suponiendo que el capital social se mediría principalmente por el grado de participación de la gente en las asociaciones "voluntarias", del que se haría depender el nivel de "confianza" de una sociedad. Pero investigaciones más recientes están desmontando estas creencias. Es cierto que los miembros de las asociaciones voluntarias tienden a confiar más que otros, pero no es el grupo lo que genera la confianza sino la preexistencia de ésta lo que predispone y se refuerza con la asociación. Por lo demás, hay que distinguir entre grupos y por el tipo de confianza que refuerzan. Hay confianzas de distinta clase y todas no son normativamente valiosas.

         En realidad los resultados sociales positivos sólo proceden de la llamada confianza social generalizada y en absoluto de la que podríamos llamar confianza particularista. La confianza generalizada expresa un vínculo que hace sentir unidas a las personas y las dispone para una actitud cooperativa más allá de los diferentes grupos étnicos, religiosos, económicos, culturales o sociales a los que puedan pertenecer. La confianza particularista se da sólo a los miembros del mismo grupo y para su exclusivo beneficio y tiende a coincidir, además, con la desconfianza hacia los no miembros. Los particularistas pueden comprometerse en la vida social y política como cualquier otro, pero lo hacen sin creer en los demás ni en el país salvo para sus propios propósitos. Los cristianos evangélicos en los Estados Unidos son un ejemplo muy citado de voluntariado activo y de donaciones caritativas pero para los que comparten su fe; los demás no les merecen gran confianza. América Latina está llena de particularismos de toda especie orientados a generar confianza, relaciones y apoyo dentro del grupo, pero con muy escasa confianza, si alguna, hacia los "extraños" compatriotas.

         La confianza social generalizada genera grupos que persiguen intereses particulares dentro de una sociedad integrada por personas y grupos diversos pero igualmente merecedores de confianza. Sólo en este caso podemos hablar de capital social. La confianza particularista propende a la construcción de asociaciones reductos de confianza grupal frente a la desconfianza social generalizada. En tal caso no debería hablarse de capital social pues no hay correlación alguna con el desarrollo.

         ¿Por qué unas sociedades registran mayores niveles de confianza social generalizada que otras? La literatura sobre capital social ha buscado insistente pero infructuosamente la correlación entre el grado de participación en asociaciones voluntarias y el nivel de confianza generalizada. Aunque autores tan reconocidos como Putnam (que advirtió que las grandes disparidades de riqueza van en contra de la participación y la integración comunitarias) o Seligman (que argumentó que la confianza no podía enraizar en culturas jerarquizadas) pusieron sobre la pista, llama la atención que sólo recién la literatura sociológica haya advertido la correlación entre confianza generalizada y desigualdades.

         Sin embargo los datos empíricos son innegables: los países más igualitarios -especialmente los Países Nórdicos Europeos, Holanda y Canada- son a la vez los que registran mayor igualdad económica y de oportunidades y mayores niveles de confianza social generalizada. Del mismo modo, los países más desiguales son los que registran menores niveles de confianza generalizada. Hasta cierto punto esto responde al sentido común pues en sociedades más igualitarias la conciencia de participar en el destino común es más elevada, el sentimiento de identidad básica compartida por encima de las diversidades deseables es más fácil, el patriotismo constitucional y cívico se hace natural, la actitud positiva y optimista se corresponde con la confianza en que el país ha sabido enfrentar positivamente sus desafíos, en una palabra, hay confianza de unos a otros y en la acción colectiva de las instituciones de todos.

         Pero ¿cómo se llega a estos niveles de confianza generalizada? Las respuestas que centran la acción necesaria sólo o fundamentalmente en el voluntariado civil puede ser desorientadora. En realidad las últimas investigaciones apuntan no tanto hacia la sociedad civil como hacia el Estado y especialmente a lo que éste puede llegar a hacer para superar las desigualdades.

3.- La provisión de servicios universales básicos como clave de la confianza generalizada.-

En realidad la confianza generalizada se ha construido a través de la provisión universal de servicios públicos de calidad más que a través de redistribuciones económicas. Cuando los servicios públicos no son universales sino focalizados a un grupo social determinado, aunque pueden ser económicamente redistributivos, difícilmente generan confianza social en el grupo beneficiado porque éste se siente discriminado aunque sea positivamente respecto del conjunto de la sociedad. Investigaciones existen que demuestran que los miembros de los grupos "focalizados" para la asistencia social registran menores niveles de confianza. Por lo demás, resulta más difícil legitimar la presión fiscal mayor necesaria para financiar estos servicios por la dificultad que representa siempre la delimitación de los grupos beneficiarios y por la carga burocrática mayor que supone su administración.

         Los países con mayores niveles de confianza social son países que han construido su ciudadanía social en base a la garantía estatal de provisión universal de bienes públicos tan necesarios como la seguridad pública, la educación, la salud, la justicia, la seguridad social o los derechos laborales. Estos bienes públicos han sido configurados como derechos de ciudadanía universalizados. En estos países se trató de superar la pobreza mediante la conversión de los pobres en verdaderos ciudadanos sujetos de genuinos derechos. Estos derechos se traducen en prestaciones públicas estandarizadas que reflejan una calidad mínima que las hace aceptables para el conjunto de la ciudadanía. Sólo bajo esta condición las clases medias acceden a pagar los impuestos necesarios para el mantenimiento del sistema. Las clases altas pueden desde luego permitirse el lujo de pagar una educación elitista, pero a condición de pagar su derecho -que no ejercen- a usar la educación pública.

         Aquí está precisamente el drama de tantos países en desarrollo. La gran desigualdad, la estrechez de las clases medias, la bajísima calidad del sistema educativo público y la desconfianza en la capacidad del Estado para hacer las reformas necesarias, determinan en conjunto la fuerte resistencia observable a la reforma fiscal. El tema es especialmente grave en América Latina donde los países no llegan a romper el círculo vicioso de no pagar impuestos porque no se prestan servicios y de no prestar servicios porque no se pagan impuestos. Aquí lleva años encallada la reforma fiscal. ¿Cómo avanzar?

         Es ilusorio pensar que podemos cambiar de la noche al día. Lo que importa para generar confianza es que las reformas y cambios que se vayan produciendo marquen sentido de dirección hacia la construcción de servicios públicos universalizados de calidad. Por ejemplo, en educación pública es fundamental seguir encontrando vías para mejorar el financiamiento de la escuela pública básica y secundaria así como para su "descorporativación" y desburocratización, facilitando la participación y la responsabilidad en la gestión educativa de todos los actores involucrados. De este tema nos ocuparemos específicamente en otros trabajos.

         Baste ahora con reseñar que sólo mediante el incremento drástico de la calidad de los servicios públicos universalizados podrá construirse la coalición política indispensable para financiar su universalización. Necesaria es y bienvenida sea la acción civil voluntaria que trabaje en esta dirección; pero que no se confunda con la que lo hace sólo para procurar buenas escuelas para los cristianos de tal Iglesia, los judíos de tal otra, los españoles, italianos, chinos... y un largo etcétera de voluntariados intrascendentes, sino perniciosos, para la construcción de la anhelada confianza y capital social.

* GOBERNANZA. Revista Internacional para el Desarrollo Humano
Edición 24  |   martes 17 de mayo de 2005