PRIMERA ORDENANZA MUNICIPAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

Estimados amigos,
Después de varios años de promover la lucha contra la discriminación en diversos lugares del país, ha sido en la Municipalidad de Abancay donde surgió el interés por enfrentar este problema.  
Muchos saludos y muchas gracias a todos por su aliento,
Wilfredo
 
Reflexiones Peruanas Nº 188
Wilfredo Ardito Vega
 
 
Hace algunos meses, me escribió desde París una socióloga checa, que investigaba las políticas públicas contra la discriminación en América Latina.
 
-Quizás estoy buscando mal, porque en los portales de las instituciones estatales del Perú no encuentro ninguna información.
 
Yo tuve que explicarle que, lamentablemente, ninguna institución pública tenía como política enfrentar la discriminación, y que mas bien las razones de esa carencia serían un buen tema de investigación. 
 
Mi explicación personal es que las autoridades, como la mayoría de peruanos, históricamente, percibían la discriminación como parte del orden natural de las cosas. “Para mucha gente, los indígenas simplemente no son personas”, me decía hace unos días Vittoria Savio, que desde hace treinta años lucha para rescatar a niñas campesinas de la explotación que sufren en muchos hogares cusqueños.
 
En los últimos años, esta percepción ha empezado a cambiar: ya no parece natural que el destino de una persona discapacitada sea mendigar, que una escolar embarazada sea expulsada del colegio o que en una oficina pública los campesinos sean tratados con desprecio y prepotencia. Si hace unos años se negaba la existencia del racismo, ahora éste es aceptado como uno de los problemas más serios de nuestra sociedad.  
 
A pesar de ello, ningún ministerio, gobierno regional o local habían dispuesto políticas contra la discriminación, destacando como valiosas y solitarias excepciones la campaña contra el racismo que lanzó la Municipalidad de Magdalena el año pasado y las sanciones a los locales discriminatorios establecidas en esta jurisducción y en San Miguel.  
 
En ese contexto, confieso que, cuando Claire Reid, mi colega que trabaja en Abancay, me avisó que en la Municipalidad había interés por promover una Ordenanza contra la discriminación, yo estaba bastante escéptico, pero igualmente envié mis sugerencias. Seguía escéptico el miércoles pasado, cuando acudí con Claire a conversar con el Alcalde de Abancay, en su amplio despacho. Como muchos peruanos, mi fe en las promesas de los funcionarios públicos es muy endeble.  
 
-¿Es usted brasileño? –me preguntó el Alcalde, cuando nos despedíamos.
 
Por un momento pensé que debería decirle que sí y que en Brasil, como en casi toda América del Sur, existen importantes políticas públicas contra la discriminación. 
 
No fue necesario: al día siguiente estaba publicada la Ordenanza en El Chasqui, el periódico oficial de Apurímac. Por primera vez en el Perú, una Municipalidad  haya prohibido la discriminación en todas sus formas y dispuesto una serie de medidas para erradicarla y sancionarla. 
 
Desde el inicio, la nueva norma es importante, porque para calificar un acto discriminatorio no establece como requisito la “intención de discriminar”, que es es muy difícil de probar. Siguiendo las diversas convenciones internacionales, establece que basta “el efecto discriminatorio”.  
 
La Ordenanza abanquina incluye además por primera vez en el Perú como causales prohibidas de discriminación la orientación sexual, la condición de salud y la actividad, que afecta especialmente a las trabajadoras del hogar.  Establece que tampoco podrá haber discriminación por indocumentación, señalando que el DNI debe ser exigido para acreditar la identidad en algún trámite, pero no para impedir el acceso a instituciones públicas o privadas, lo cual sucede en el propio Congreso de la República y en algunas ONG desinformadas.   
 
Se recalca la necesidad de erradicar la discriminación a quienes usan polleras y otras vestimentas tradicionales, porque en Abancay, como en otras ciudades de la sierra, resulta muy importante distinguirse de los campesinos. “Como no hay tanta diferencia física, se enfatiza la diferencia de vestimenta o educación” explica Vittoria. “Humillar al campesino es una forma de confirmar el propio status”. 
 
Por eso es importante que la Ordenanza señala que la Ley de Atención Preferente debe ser cumplida para todos: muchas veces se considera que los campesinos ancianos o discapacitados estuvieran más acostumbrados a sufrir (artículo 3, inciso c).
 
La Ordenanza dispone también que el manejo del quechua será requisito para trabajar en la Municipalidad y que se promoverá su aprendizaje por los empleados que lo desconocen. Coincidentemente, desde hace pocos años, el colegio Tarpurisunchis comenzó a enseñar quechua en Abancay y otros planteles están imitando este ejemplo.  
 
La Ordenanza señala también que el personal que emplee expresiones discriminatorias será sancionado.  En alguna localidad andina, a mí me ha tocado escuchar funcionarios que llamaban alpacas o monos a sus subordinados, debido a sus rasgos físicos.
 
La Municipalidad denunciará ante el Ministerio Público a los funcionarios que incurran en discriminación, para que sean sancionados según el artículo 323 del Código Penal, lo cual podría implicar una sanción de hasta 4 años de prisión. 
 
La tarea que sigue para Abancay es la implementación de la norma. Para el resto de gobiernos locales y regionales del Perú, el reto es promulgar normas similares, de acuerdo a cada realidad. Al parecer, habría varios con serio interés al respecto. 
 
Evidentemente, una Ordenanza no es una política pública, pero es el inicio. Compartir esta noticia con todos ustedes (y también con la socióloga checa), me ha hecho muy feliz.
03/03/2008 11:38 Autor: peruinsolito. Enlace permanente.

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