Perú Insólito

Julio E. Díaz Palacios
Presidente de la Red Perú

Tenemos una oleada de protestas regionales. Para el Poder Ejecutivo estas protestas no se justifican en su mayor parte, pues más que problemas de inacción o errores políticos y administrativos del Gobierno Nacional reflejarían un complot político de quienes perdieron las elecciones presidenciales el año 2006, es decir, de los "comunistas de todo pelaje y de los nacionalistas", como le gusta decir al Primer Ministro. Si esto fuera cierto, estaríamos ante el hecho de una franca hegemonía de estas dos organizaciones políticas en los territorios hoy con protestas, lo que no es cierto. El facilismo o los comentarios al paso, no son buenos consejeros para interpretar hechos políticos complejos y multicausales.

Es cada vez evidente que los voceros del Poder Ejecutivo no hacen el esfuerzo necesario por tener una visión más objetiva de lo que está ocurriendo en el interior del país. Afirman una y otra vez que la economía nacional crece, que estamos en uno de los mejores momentos, que seguimos avanzando, "a pesar de las piedras en el camino que colocan los opositores" al Gobierno Nacional. La autocrítica no aparece en las ideas o en los discursos de los voceros del Gobierno, los responsables o culpables son siempre otros. Un cierto sesgo triunfalista impide ver con mayor claridad la realidad del país.

Por ejemplo, son responsables de las protestas los gobiernos regionales y locales que no muestran capacidad de gestión; el funcionario presidente de Proinversión (y no los cinco o seis ministros que conforman el directorio) es el culpable en la demora de la concesión de la interoceánica; los mineros artesanales que contaminan los ríos; los empresarios que no respetan los derechos laborales como los de Casapalca; se dice que las protestas son realizadas por pequeños grupos de agitadores (cuando son decenas de miles los que salen a manifestarse como en Ucayali). Pero el Gobierno no responde a la pregunta de cuáles son las responsabilidades ante estos problemas.

Tenemos así, que para nada aparece la precisión de sus responsabilidades, entre ellas:

Ø Pretender que el Estado gaste rápido (shock de inversiones) cuando siempre éste ha estado preparado para no gastar

Ø A casi un año de asumido el gobierno no ha iniciado el plan de desarrollo de capacidades

Ø Ha desinstitucionalizado la conducción concertada de la descentralización con el riesgo de partidarizarla, como ocurrió con el proyecto CHINECAS, transferido ilegalmente a la Municipalidad del Santa y no al Gobierno Regional de Ancash

Ø Se niega reiteradamente a poner en marcha el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SNPE)

Ø No asume los costos de las promesas electorales incumplidas: como la revisión de los contratos de estabilidad tributaria y el impuesto a las sobre ganancias económicas de las transnacionales, introducir ajustes en el modelo económico para que sea más incluyente y justo, pleno respeto de los derechos laborales

Ø El desconocimiento de conquistas políticas sociales regionales como las exoneraciones tributarias en la Amazonía

Ø La inacción ante el hecho de la inequidad en la distribución de los recursos del canon minero, que está generando desigualdades en las oportunidades

Ø La exclusión de las organizaciones de mujeres vinculadas con los comedores populares a participar en la Reforma de los Programas Sociales.

Es posible que el hecho de que en casi el 90 % de gobiernos regionales tengamos autoridades procedentes de partidos o movimientos que no tiene participación en los Poderes Ejecutivo y Legislativo, se esté expresando en estas protestas contra el Pode Ejecutivo, pero si ello está ocurriendo no es por el afán de desestabilizar al Gobierno Nacional, sino por un problema de representación y representatividad. Esto debe inducir las reformas políticas necesarias, para las cuales no existe voluntad política favorable. Pero no se puede descartar que muy pronto la presión de las protestas regionales tenga como blanco los gobiernos regionales y locales, pues como insisten recurrentemente los voceros del Gobierno Nacional y del Partido Aprista, los gobiernos subnacionales tienen una cuota de responsabilidad por su Incapacidad o dificultades en el gasto público.

De todo lo expuesto, debemos sacar las conclusiones y lecciones de la experiencia. Por ejemplo, el Gobierno Nacional no debe olvidar una lección de la historia, fácil de entender: La inequidad y desigualdades son el caldo de cultivo de grandes movilizaciones y protestas, inclusive de inestabilidad política e ingobernabilidad de los países. Es decir, el gran "agitador político y social", está representado por los modelos económicos excluyentes, injustos, incapaces de redistribuir equitativamente la riqueza que producen. Lamentablemente, entonces, mientras el modelo económico siga siendo intangible, algo así como "cosa sagrada", motivos para nuevas movilizaciones y protestas, incluso riesgos de crisis de gobernabilidad, estarán presentes los próximos meses y años.

Las acusaciones mutuas entre los voceros del Gobierno Nacional y representantes de los actores que protestan no es el mejor camino. Lo aconsejable es que de inmediato pasen al dialogo y concertación de soluciones sobre la base de principios claros y el pleno reconocimiento y respeto de los derechos ciudadanos. En momentos como éste la voz serena y consistente del Acuerdo Nacional resulta pertinente, no obstante el ambiguo interés que muestra el Poder Ejecutivo en consolidarlo como espacio de concertación, como compromiso político y social favorable a los cambios que el Perú necesita, y como Proyecto Nacional.

Lima, 10 de Julio del 2007