LA PORTATIL DE GARCIA
Por GUSTAVO ESPINOZA M.
“La portátil de la muerte” le ha dado en llamar un ingenioso analista peruano empleando un término que políticamente resulta sinónimo. Y es que, en efecto, García es muerte en el Perú de nuestro tiempo; y la muerte, es García dado el empeño que pone el mandatario aprista resueltamente dispuesto a liderar una iniciativa que colocará al país fuera de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El tema es un tanto más enredado y complejo de lo que parece. Y es que en su consideración se entremezclan casi a propósito dos asuntos que no necesariamente son complementarios. Veamos.
Desde su campaña electoral Alan García Prometió restaurar en el Perú la Pena Capital para violadores de niños. Luego amplió el concepto adicionando la categoría de “terroristas”. Hoy, la conciba incluso como “disuasoria” en un escenario mayor y alega que serviría como instrumento para combatir “el crimen organizado”. Ambiciosa, entonces, la guadaña que pretende usar en medio de la aguda crisis política y social que conmueve los cimientos de la república.
El Jefe del Estado ha usado la idea de distinta manera. Recientemente, por ejemplo, envió un proyecto de Ley al Congreso de la República, pero él fue rechazado por una clara mayoría: 49 congresistas votaron por archivar la propuesta, en tanto que sólo 26 resolvieron respaldarla. Sorprendente -y sospechoso- el caso, porque la representación parlamentaria aprista cuenta con 36 disciplinados votos en el Parlamento Nacional. Esta vez –según parece- ni siquiera esa suma pudo ser lograda en un tema en el que, sin embargo, los 13 representantes del fujimorismo –y algunos más del conglomerado derechista Unidad nacional- comprometieron desde siempre su público respaldo.
Podría suponerse quizá que el Presidente García no representó la opinión de su partido, que “se fue por la liebre”, como suele decirse, y que quiso obtener dividendos en provecho propio. Pero todo eso es difícil de admitir. Mas probable es que García haya enviado el proyecto precisamente para que fuera rechazado, y lograr así dos objetivos vinculados a su estrategia política: presentarse él como abanderado de una “causa popular” –las encuestas registran que el 67% de los peruanos respalda la Pena de Muerte- y desacreditar al Congreso presentándolo como “burocrático”, “insensible” y además “inoperante”. Para echar sal sobre esa herida la Mesa Directiva del Congreso liderada por Mercedes Cabanillas logró diferir para las Calendas Griegas dos temas de fondo, el de la libre desafiliación a las AFPs y el de la reposición de los trabajadores despedidos. Inoperancia confirmada, entonces.
Ante ella García optó por “sacar la gente a la calle”, como en los viejos tiempos. Con los recursos del Poder y con el apoyo de la Mafia fujimorista que puso recursos y transporte, no pudo sin embargo saborear la victoria. La marcha convocada fue relativamente pobre pese a la propaganda oficial, y para contrarrestar su flaqueza García optó por dejar entrar a sus representantes no sólo a la Plaza de Armas –enrejado baluarte del oficialismo de hoy- sino incluso a Palacio de Gobierno. Desde allí, en un “balconazo” similar a los de antaño predicó su misión en nombre de Cristo: restaurar a cualquier precio la Pena de Muerte en el Perú. ¿El procedimiento? Cualquiera. Por Ley, por referéndum o por Decreto, como fuera, pero restablecer la medida y aplicarla. ¿Mero instinto tanánico del Presidente? No sólo. También el deseo que, aprobada así la medida, el país quede fuera de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que pierdan consistencia ante la opinión pública nacional las decisiones que pudiera optar en la materia.
Y ese es el segundo aspecto de la cuestión. Hoy la Corte Interamericana tiene tres temas candentes entre las manos: el caso de Saúl cantoral, Secretario general de la Federación Minera asesinado en los últimos años de la década de los ochenta durante el primer gobierno de García; la matanza ocurrida en mayo de 1992 en el penal de Alta Seguridad Castro Castro, y liderada por el propio Presidente Fujimori desde un torreón ubicado dentro del perímetro de la cárcel; y la ya célebre “matanza de los penales” ocurrida en junio de 1986 y de resultas de la cual hubo más de 250 muertos.
El tema Cantoral tiene su punta porque la denuncia establece que su muerte fue el resultado del accionar el Comando Rodrigo Franco, el grupo paramilitar que funcionó bajo el gobierno de AGP en su primer mandato. Es más, el ex integrante de este Comando –Rafael Percovich- confesó en el año 2003, que este grupo fue el autor del asesinato de Saúl Cantoral. El CRF, entonces, es una Caja de Pandora. Si se abre, saldrán de ella serpientes venenosas que comprometerán severamente a García y a su ex ministro del Interior y secretario privado, Agustín Mantilla recientemente exculpado gracias a la “prescripción”, de delitos económicos y otros.
El caso Castro Castro / Fujimori tiene otro carácter. Con relación a él, García lo que busca es “darle una manito” al prófugo mandatario aún en Chile para pagarle favores, pero también para cobrarle después. El acercamiento de García al entorno fujimorista es sin duda creciente. Incluso se ha denunciado que Francisco Tudela –ex Vicepresidente del “chinito de la yuca”- está ya en el Perú, y espera un puesto oficial en el gobierno aprista. Como Rafael Rey, claro.
Y el otro tema de los Penales -El frontón y otros- que involucra a García, al actual vicepresidente Luis Giampietri y al propio Mantilla, constituye el telón de fondo que aún rezume sangre.
Para todos estos asuntos García necesita apoyo directo. Es decir, gente que se movilice y hable. Y cuando las denuncias de corrupción paralizan a su propio Partido, nada mejor que contar con su propia “portátil”, -la de García y la de la Muerte- aunque ella también rezuma sangre.
(*) Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera
21/01/2007 14:32 Autor: peruinsolito. Enlace permanente.
.