Perú Insólito

César Hildebrandt
La Primera - Lima

La política exterior peruana consiste, simbólicamente, en no pronunciarse sobre el caso Pinochet. Lo ha dicho el titular de Torre Tagle, casi con orgullo: “No nos vamos a pronunciar sobre ese tema”.

Desde luego que posición de tal envergadura no es imputable a quien ya ostenta el cargo de hazmerreír de las Américas diciendo un día que el Perú espera las disculpas de Chávez y al día siguiente aplaudiendo el abrazo que le diera García a quien lo llamó ladrón de siete suelas. Una posición tan importante es sólo posible si la adopta el responsable constitucional de los asuntos exteriores: el presidente de la República.

Ahora bien, ¿cómo es que un autodenominado socialdemócrata no puede pronunciarse éticamente sobre un asesino en serie que, en algún momento, provocó al Perú y estuvo a punto de irse a la guerra en contra de Argentina, a la que traicionó después, como latinoamericano, dándole a la flota británica datos de la inteligencia naval chilena en la guerra de las Malvinas?

Nadie le pide a García que llame a Pinochet lo que es para la eternidad -en el caso de que tal exageración exista-: asesino, ladrón y cobarde. ¿Pero y si García hubiera lamentado, solamente lamentado, la interrupción democrática prolongada y dolorosa que sufrió Chile en manos de Pinochet? ¿Y si hubiera recordado, con suma diplomacia, los avatares de Michelle Bachelet y de su padre, asesinado por la dictadura y hoy reivindicado en la memoria fumigada de muchos militares chilenos? ¿Y si hubiera dicho, simplemente, que no hay dictadura buena y que la peor de las democracias es preferible a la mejor de las dictaduras?

Habría sido un destello moral en medio de la medianía sin reglas que él mismo ha impuesto como derrotero, en medio de esta deriva hacia el norte magnético de la globalización que García ha dictado como cuaderno de bitácora. Un breve destello principista en medio del pragmatismo rampante que García entiende como política exterior.

Pero no. Era mucho esperar.

Mi teoría, sin embargo, es que García no puede pronunciarse sobre Pinochet por un mecanismo de autodefensa fácil de entender.
 
Al entrar al juzgamiento moral de Pinochet, García tendría que aceptar el principio jurídico de la imprescriptibilidad de los delitos perpetrados en contra de los derechos humanos. Además, habría tenido que referirse a la impunidad en la que ha muerto el dictador. Y, por último, alguien le habría preguntado sobre el parentesco de ese caso con el suyo o con el de su actual socio político, Alberto Fujimori.

¿Delitos que no prescriben? ¿Crímenes en contra de los derechos humanos? ¿Impunidad? ¿Parentesco con el caso Fujimori? ¿Familiaridad con las 261 muertes de Lurigancho, en octubre de 1985, y El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara, en 1986?

Veamos. En el caso chileno de “la caravana de la muerte”, que duró apenas unos días y significó el fusilamiento sin juicio de 56 detenidos en septiembre-octubre de 1973, se pudo demostrar, por la documentación encontrada y los testimonios recogidos, que las órdenes letales del general Arellano Stark fueron cumplidas en tanto éste era “oficial delegado” de Pinochet y, por tanto, portador de directivas “presidenciales”.

Esa fue la bisagra judicial que permitió a la justicia chilena liberada proseguir hasta donde se pudo con la causa “caravana de la muerte” en contra de Pinochet. Y, en el caso del asesinato del funcionario español de la ONU Carmelo Soria, la prueba pétrea de la culpabilidad de Pinochet fue que ese crimen fue cometido por agentes de la DINA, al mando del coronel Manuel Contreras. Y los documentos fundacionales de la DINA, no desmentidos por el decreto de su creación en junio de 1974, establecieron que ese organismo sólo obedecía a la junta militar presidida por Pinochet. Lo mismo pasó con el caso del general Carlos Prats, dinamitado junto a su mujer -Buenos Aires, 1974- por los agentes de la DINA Michael Townley, Mariana Callejas y Ernrique Arancibia, que emplearon una bomba de plástico cuyos mandos
electrónicos fueron proporcionados por el mayor Pedro Espinoza, tercero en la jerarquía operacional de la DINA en aquel entonces.

En los casos que comprometen a Alan García, cuando al gobierno llegue gente que quiera adecentar la política veremos con qué facilidad se reabrirán los casos que hoy parecen sepultados por siete capas de miedo y sordidez. Será absolutamente posible demostrar el carácter vinculante que tuvo la orden presidencial de debelar el motín carcelario y castigar a sus instigadores y los asesinatos de prisioneros ya rendidos perpetrados por quienes hoy escuchan con alegría el vocerío en contra de las ONG dedicadas a preservar los derechos humanos.

Porque el Perú se ha pinochetizado y García es una comprobación de ello. Su presencia en la presidencia, el desparpajo de su vicepresidente -impuesto por el fascista Alex Kouri para consolidar la alianza con Fujimori- cuando habla de los derechos humanos, la violencia de la prensa que sirve al crimen organizado en contra de quienes se atreven a recordar crímenes de lesa humanidad, todo ello demuestra que en este país el cáncer del olvido pretende corromperlo todo.

Y cuando gente seria habla de que aquí se libró una guerra interna y que los excesos son capítulo de cualquier guerra, pues habrá que recordarles que hasta los conflictos armados internos, contemplados en la Convención de Ginebra de 1949, tienen sus leyes y que la ejecución de combatientes rendidos, así se les denomine terroristas, se considera un hecho justiciable. Y aquí no hay un solo preso por un crimen que equivale, sólo desde el punto de vista cuantitativo, casi a cinco “caravanas de la muerte” pinochetistas.

¿Qué clase de futuro construimos sobre la charca actual? García es valiente cuando, rodeado de militares, defiende el fuero castrense. Pero es cordero a la hora de juzgar a Pinochet. La historia, tarde o temprano, dirá por qué.

P.D. Agradezco las muchas muestras de solidaridad llegadas a mi correo electrónico. Gracias especiales a Rosina Valcárcel, Winston Orrillo, Oscar Málaga, Pedro Salinas, Marita Troiano, Alejandro Sánchez Aizcorbe, Isaac Goldemberg, Jorge Nájar (desde París) y a María Luisa Martínez por su promesa de estar allí cuando la policía del poder judicial manchado decida “llevarme de grado o fuerza” adonde no acudiré jamás por voluntad propia.