Perú Insólito

Crisis y perspectivas del movimiento peruano de derechos humanos (I)

Ricardo Alvarado

Ave Crítica  

Han pasado 3 años desde la disolución de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), cuya existencia, aunque discutida, fue el mayor triunfo político del movimiento peruano de derechos humanos. Desde entonces, mucho ha cambiado: la crisis de las ONG, la pérdida de peso político y el escaso apoyo popular han arrinconado al movimiento, que hoy parece inerme frente a los ataques de los partidarios de la impunidad.   

Quienes, el pasado 27 de agosto, estuvimos presentes en el evento de conmemoración del tercer aniversario del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación no dejamos de sentirnos maravillados y espantados, como dijera Guamán Poma de Ayala. ¿Cómo el movimiento peruano de derechos humanos, que no puede reunir 500 personas para un acto público, pretende ser un actor político relevante en el Perú de hoy?   

Para responder dicha pregunta, es menester retroceder en el tiempo, buscando los orígenes del movimiento peruano de derechos humanos, tanto en su vertiente ligada a las organizaciones no gubernamentales (ONG) como, desde una perspectiva más amplia, en los diversos colectivos, asociaciones y redes ciudadanas que forman el movimiento.   

Las ONG de derechos humanos: sus primeros años

Para los interesados en ahondar en la historia de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) recomendamos, pese a su sesgo oficial, la lectura del libro "Violencia política y sociedad civil en el Perú", de la estadounidense Coletta Youngers, del Washington Office on Latin America (WOLA).  

Desde su aparición a mediados de la década de los 70, las ONG de derechos humanos han tenido una bulliciosa presencia en la escena pública, aunque sus debates, paradójicamente, siempre permanecen en la oscuridad y sus integrantes, con excepción de algunas figuras destacadas (Francisco Soberón, Susana Villarán, Sofía Macher, Pablo Rojas y Ernesto de la Jara, entre otros) permanecen en la penumbra y no se hallan sujetos al escrutinio público.   

Ello se debe a que las fuentes originarias de las primeras ONG de derechos humanos fueron, además de cristianos de izquierda vinculados a la Teología de la Liberación, políticos (o "cuadros", para usar la terminología de la época), pertenecientes a Vanguardia Revolucionaria, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el Partido Unificado Mariateguista (PUM), y, en menor medida, Patria Roja. En palabras de Youngers, estos partidos proporcionaron los medios a través de los cuales muchos activistas entraron en contacto directo con la actividad en pro de los derechos humanos.   

Las ONG heredaron de los partidos que les habían dado vida características comunes a todos los movimientos de origen leninista: la organización centralizada, la división de la información en compartimientos estancos y las estructuras de poder vertical. A nadie escandaliza, por ejemplo, que Francisco Soberón haya sido, por más de una década, Director de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) contraviniendo el principio de rotación en el cargo, que es esencial a la democracia.   

En estos primeros años, se fue definiendo una característica del discurso de las ONG de derechos humanos en el Perú: la indecisión entre los derechos civiles y políticos (propios de los sistemas democráticos), y los derechos económicos, sociales y culturales (promovidos en aquellos años por los países del bloque socialista). Esta indecisión encajaba en el discurso de los grupos políticos de izquierda, que afirmaban que las desigualdades económicas y sociales estaban generando una situación revolucionaria.   

Así, por ejemplo, el manifiesto fundacional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), al mismo tiempo que se comprometía a denunciar y hacer públicas las violaciones a los derechos civiles y políticos, afirmó en 1979 que en el Perú los problemas más graves y permanentes en el campo de los derechos humanos se planteaban en los derechos económicos, sociales y culturales.   

Estos fueron los años de los primeros casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos, como el de Fernando Lozano, estudiante trotskista de la Universidad Católica, torturado hasta la muerte por esbirros policiales en 1976, y cuya defensa legal fue asumida por CONADEH; o el caso del dirigente obrero Jesús Páez, una de las primeras víctimas de la desaparición forzada de personas en el Perú (1977), y cuya defensa legal fue asumida por el desaparecido Centro de Acción Social (CAS), vinculado a Patria Roja.   

Ambos casos, como muchos otros de la misma época, estaban vinculados a la represión de los movimientos sociales por parte de la moribunda dictadura del general Morales Bermúdez. No es de extrañar que la pertenencia a los organismos de derechos humanos implicara, en muchos casos, la militancia política en partidos de izquierda, al contrario de lo que sucede hoy en día, en que prevalece (por lo menos en el discurso) el apoliticismo.   

A diferencia de los eruditos manifiestos de hoy, pletóricos de eufemismos, diplomacia y terminología jurídica, los organismos de derechos humanos en sus primeros años se expresaban en palabras sencillas y llanas, destinadas a calar en la amplia base social con la que contaban los movimientos de izquierda. Como aún no estaba vigente el término "incidencia política", el movimiento de derechos humanos, en una sana tradición que se remota a los años 50, apelaba a la indignación popular frente a las atrocidades cometidas por los agentes del Estado.   

El espíritu de confrontación de los años 70 frente a las violaciones a los derechos humanos está muy bien expresado por un prolífico y famoso poeta de la época, Feliciano Mejía:   

Está muerto. Y lo mataron. Oye.

Y no fue de un balazo. ¡Está muerto!

¿Qué calabozo vio y cuál foco de luz pálida

sintió su último vahído?

¿Qué candado oyó su último grito?

¿Qué cemento de qué piso le robó su último calor?

Nadie puede saberlo sino él

y sus asesinos. Nadie, sino él

pero está ahora

definitivamente muerto y solo

en su sangre cuajada

y lo sabemos...

y lo sabemos...

y lo sabemos.

La guerra sucia y las ONG de derechos humanos

El inicio de la guerra sucia por parte de Sendero Luminoso en mayo de 1980 sorprendió desprevenidas a las ONG de derechos humanos. Pese al radicalismo de éstas, no sólo hicieron un diagnóstico erróneo sobre la inminencia de la situación revolucionaria: Sendero era percibido por los partidos de izquierda como ultraizquierdista e "irrelevante", diagnóstico frívolo y fatal compartido por mucho tiempo con las autoridades del gobierno de Fernando Belaúnde.  

El período de agudización de la guerra sucia (1982-1985) coincidió con la formación de las ONG de derechos humanos más importantes: la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) en 1983 y el Instituto de Defensa Legal (IDL) en 1984, así como de numerosos organismos de derechos humanos en provincias. CONADEH, que a inicios de los 80 era la ONG de derechos humanos más importante del país, se fragmentó, pero a pesar de ello continuó sus actividades, y en 1987 cambió su denominación a Comisión de Derechos Humanos ( COMISEDH).  

Un punto común a estas instituciones fue su rechazo sistemático a Sendero Luminoso: no necesariamente a sus ideales violentistas, sino más bien a su espíritu dogmático y sectario. La creación de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en 1985 no se reflejó en un cambio del discurso ambiguo frente a la violencia. La CNDDHH, si bien caracterizó a Sendero como movimiento terrorista y rompió definitivamente con sus organizaciones de fachada, no rechazó completamente el uso de la violencia en la acción política, aduciendo la situación imperante… en Centroamérica.   

Ello no contribuyó a hacer más efectiva la labor de los organismos integrantes de la CNDDHH, que se vieron limitados durante los gobiernos de Fernando Belaúnde (1980-1985) y Alan García (1985-1990) a un papel de mera denuncia de los crímenes contra la humanidad cometidos por el Estado durante la guerra sucia.   

La ambigüedad ante la violencia le hizo un flaco favor a las ONG de derechos humanos, que a causa de ella fueron tildadas de "defensoras del terrorismo" por el gobierno y los medios de comunicación. Y a medida que los movimientos de izquierda que les habían dado origen fueron perdiendo unidad, popularidad y base social, las ONG de derechos humanos quedaron en una situación de aislamiento, y sus denuncias fueron cayendo en el vacío.   

Este aislamiento de las ONG respecto del resto de la sociedad peruana fue tan profundo, que, años después, miles de personas (inclusive en la propia ciudad de Lima, donde se concentra el mayor número de ONG de derechos humanos) se sorprendieron de que las Audiencias Públicas de la Comisión de la Verdad y Reconciliación mostraran a la opinión pública y al mundo que en el Perú habían ocurrido crímenes tan bárbaros e inauditos durante 20 años.   

Las ONG de derechos humanos y el fujimorato

La situación cambiaría durante la dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000). Desaparecido el bloque socialista, y con la presencia en la Secretaría Ejecutiva de la CNDDHH de mujeres provenientes de sectores cristianos de izquierda, como Pilar Coll, Rosa Mujica y Susana Villarán, los rezagos del discurso radical desaparecieron de las ONG de derechos humanos, para ser sustituidos por una actitud más pragmática, que tomaba en cuenta básicamente la autopreservación institucional.   

Como Fujimori se destacó por sus virulentos ataques a las ONG de derechos humanos, éstas adoptaron una actitud muy confrontacional respecto del Estado, especialmente después del autogolpe de 1992, apelando a la opinión pública internacional y ejerciendo presión sobre gobiernos extranjeros. De allí que algunos humoristas de derecha adoptaran la expresión gastronómica de "izquierda caviar", para caracterizar la constante presencia de directivos de ONG de derechos humanos en eventos sociales y diplomáticos.   

Durante estos años, la suerte de la CNDDHH corrió paralela a la de otros grupos de oposición, con escasa acogida entre la población, harta de la política y los políticos. Es sintomático que no pudiese recabar las firmas necesarias para pedir la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, así como el hecho de que no convocara a eventos masivos durante la década de los 90.   

Fue con el progresivo deterioro del régimen fujimorista que la CNDDHH cobró nuevos bríos; la elección de Sofía Macher como Secretaria Ejecutiva coincidió con este período.   

Tras la Marcha de los Cuatro Suyos, en la cual la CNDDHH no se involucró directamente, sino en calidad de observadora, la OEA envió al Perú una Misión de Alto Nivel, a fin de promover el diálogo con la oposición y la sociedad civil. Fue entonces que se reveló que con pautas torcidas se pueden hacer renglones derechos: gracias al posicionamiento en el exterior de las ONG de derechos humanos, la CNDDHH fue admitida en la Mesa de Diálogo de la OEA como representante de la sociedad civil.   

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