Perú Insólito

Crisis y perspectivas del movimiento peruano de derechos humanos (II)

Ricardo Alvarado

Ave Crítica  

Tras la Marcha de los Cuatro Suyos, y gracias al posicionamiento en el exterior de las ONG de derechos humanos, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), pese a su relativo distanciamiento del resto de la sociedad peruana fue admitida en la Mesa de Diálogo de la OEA como representante de la sociedad civil.    

Conversando con el enemigo: la Mesa de Diálogo de la OEA  

En un inicio, el que la CNDDHH adoptara posiciones de principio, buscando convertirse en una fuerza moral, restó vigor a sus iniciativas. Incluso tras el escándalo del primer vladivideo y la huida de Montesinos a Panamá, no pudo oponerse al plan de amnistía general del siniestro premier Alberto Bustamante, personaje otrora ligado a las ONG de derechos humanos.    

De haber prosperado el plan propuesto por Bustamante, todos los militares y funcionarios civiles responsables de violaciones a los derechos humanos, corrupción y narcotráfico hubieran quedado amnistiados. La CNDDHH y los partidos de oposición no pudieron impedir que el plan de amnistía fuera incluido en la agenda en la Mesa de Diálogo, y optaron por suspender las conversaciones.   

Sin embargo, el rápido colapso de la dictadura, que culminó con la precipitada fuga de Alberto Fujimori al Japón, la defenestración de Martha Hildebrandt, la renuncia de los vicepresidentes y el nombramiento de Valentín Paniagua como presidente provisional, brindaron la gran oportunidad a la CNDDHH para imponer al nuevo gobierno, carente de agenda propia, elementos de su propia agenda política.    

La invención de la CVR   

De este modo, las cosas retornaron progresivamente a la normalidad. Los generales aliados de Fujimori y Montesinos fueron destituidos de sus cargos, los depuestos magistrados del Tribunal Constitucional fueron rehabilitados, el Perú volvió a reconocer la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y varios directivos de ONG pasaron a ocupar altos cargos en la administración pública.     

Por sólo citar tres casos, Diego García Sayán, fundador de la Comisión Andina de Juristas (CAJ) fue nombrado ministro de Justicia; Susana Villarán, ex Secretaria Ejecutiva de la CNDDHH y directiva del IDL, fue designada ministra de la Mujer; y Ernesto de la Jara, ex director del IDL, fue nombrado integrante de la Comisión encargada de revisar los casos de inocentes sentenciados por terrorismo.     

Diego García Sayán y Susana Villarán apoyaban entusiastamente una de las iniciativas más importantes de la CNDDHH: la creación de una Comisión de la Verdad que investigara las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra sucia, período que durante los años 90 pasó a ser denominado "violencia política", eufemismo que luego fue reemplazado por "conflicto armado interno".    

El 4 de junio del 2001 fue publicado el Decreto Supremo de creación de la Comisión de la Verdad. Con este acto, la CNDDHH llegó al cenit de su poder. Tan sólo un año atrás, la existencia misma de una Comisión de la Verdad hubiera resultado inimaginable, hasta para el más optimista de los directivos de ONG de derechos humanos, pues todas las condiciones políticas eran adversas a su creación.     

Los extraordinarios sucesos políticos del bienio 2000-2001 crearon una coyuntura favorable a los objetivos de la CNDDHH, condenando a la impotencia a sus adversarios: el fujimorismo había quedado reducido a su mínima expresión, el APRA fue derrotada en la segunda vuelta electoral y las Fuerzas Armadas se hallaban completamente desprestigiadas por el marasmo de corrupción develado por los vladivideos.     

Se había creado un poder virtual que, a mediados del año 2001, parecía sólido y bien encaminado. En esa perspectiva, Alejandro Toledo había prometido durante la campaña electoral, a instancias de las ONG de derechos humanos, destituir del puesto de comisionada de la verdad a la ex congresista fujimorista Beatriz Alva Hart. Pero al llegar al poder, y también a instancias de la CNDDHH, Toledo abandonó su pretensión para optar por una salida más pragmática: ampliar el número de comisionados a 12 e incluir entre ellos a Sofía Macher.      

Soberano Soberón  

En la más pura tradición de la izquierda peruana, el hecho de estar en una situación política expectante no acrecentó la unidad de las ONG de derechos humanos, sino que por el contrario desató conflictos internos hasta entonces latentes. El nombramiento de Sofía Macher como comisionada de la verdad creó un vacío de poder al interior de la CNDDHH, al punto de que su Secretaría Ejecutiva estuvo vacante entre setiembre del 2001 y marzo del 2002.     

Los conflictos internos de la CNDDHH hallaron su máxima expresión en el momento de elegir al sucesor de Macher. Una fracción postulaba a Rocío Villanueva, alta funcionaria de la Defensoría del Pueblo; otra, a Hugo Rodríguez, destacado jurista de la Academia de la Magistratura. Tradicionalmente, las elecciones en la CNDDHH siempre se habían ganado por unanimidad, y la perspectiva de una votación que pondría en evidencia la división de las ONG de derechos humanos motivó el retiro de la candidatura de Rodríguez.     

Sin embargo, la elección de Rocío Villanueva no solucionó el impase. Por motivos que hasta ahora permanecen en el misterio, la flamante Secretaria Ejecutiva nunca asumió el cargo, pues prefirió mantenerse en la Defensoría del Pueblo (donde permaneció hasta hace pocas semanas). Una elección posterior llevó a una solución de compromiso entre los bandos en disputa, en la que Francisco Soberón, el "hombre fuerte" de APRODEH y uno de los escasos directivos de derechos humanos conocido por la opinión pública, fue designado para encabezar la CNDDHH.    

La elección de Soberón, hombre ligado al Partido Unificado Mariateguista (PUM) y caracterizado como "escudero" del popular congresista Javier Diez Canseco, hizo presagiar una radicalización del discurso y las acciones de la CNDDHH. En palabras de Youngers, Soberón pretendía recuperar la "capacidad de impacto [de la CNDDHH] en los debates nacionales".     

Sin embargo, más allá de la radicalidad del discurso, estaba el problema de encarar a la naciente Comisión de la Verdad. ¿La CNDDHH mantendría un perfil independiente, o colaboraría abiertamente con la Comisión? ¿Cuáles serían los límites de esta colaboración? ¿Quiénes serían los expertos con los que la CNDDHH podría contribuir? ¿Podría confiarse en técnicos independientes, o habría que improvisarlos?     

Si bien la CNDDHH y las ONG que la integraban tenían experiencia en denunciar y documentar hechos, las investigaciones típicas de una Comisión de la Verdad planteaban problemas para los cuales ninguna ONG de derechos humanos estaba preparada: la recolección masiva de testimonios en zonas remotas del país, la investigación forense, el establecimiento de relaciones de colaboración con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, entre otros problemas.     

Así llegamos a marzo del 2002, momento en que la CNDDHH y las ONG que la conformaban, en la cumbre de su poder y dirigidas por su líder más prestigioso, encaró el dilema de contribuir o no a la investigación de los crímenes ocurridos durante los 20 años de guerra sucia por parte de la Comisión de la Verdad, rebautizada por el dipsómano presidente Alejandro Toledo como Comisión de la Verdad y Reconciliación.  

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